Una organización comunitaria participa en el recurso constitucional
Según el Gobierno, el recurso se presentó en enero de 2021 y se examinó en junio de 2022. SKNAFE fue fundada por Tynetta McKoy. La sentencia exigía excluir las conductas consentidas entre adultos en privado de los artículos 56 y 57 de la Ley de Delitos contra la Persona. [1][2]
Privacidad y expresión fundamentan la decisión
El resumen del caso de Human Dignity Trust explica que el tribunal se apoyó en la protección constitucional de la privacidad y de la libertad de expresión. No aceptó los argumentos separados relativos a la libertad o la discriminación por razón de sexo. Por tanto, modificó la aplicación de las disposiciones sin eliminar todos los delitos que contenían.
Los defensores buscan cambios más allá de los tribunales
Ivan Cruickshank, director de Caribbean Vulnerable Communities Coalition, afirmó que el fallo podía reforzar la lucha contra el estigma en toda la región. Kenita Placide, al frente de ECADE, destacó la necesidad de seguir trabajando en las actitudes y en el acceso igualitario a los servicios: «La Constitución trata de proteger a todo el mundo». Eliminar las sanciones penales era una parte de esa labor.