Necesidades individuales y circunstancias familiares
El tribunal rechazó la exclusión de menores mediante un umbral de 18 años y las disposiciones que limitaban las horas según la situación del hogar. El apoyo familiar no podía justificar exclusiones generales ni sustituir una valoración individual. Las normas cuestionadas imponían grandes responsabilidades a los familiares sin considerar suficientemente sus circunstancias. [1]
La defensoría pide continuidad
En un comunicado del 23 de diciembre, la defensoría de las personas con discapacidad reclamó cambios legislativos rápidos y continuidad en el acceso a la asistencia. Solicitó decisiones basadas en las necesidades individuales y advirtió contra las interrupciones durante la reforma. También pidió considerar los servicios relacionados de comunicación y acompañamiento. [2]
El Gobierno aprueba cambios transitorios
El 30 de diciembre de 2025, el Gobierno aprobó un reglamento para aplicar la sentencia y eliminar la barrera de edad. Los adultos que ya recibían asistencia debían conservarla mientras se revisaban sus casos. El ministro Marin Piletić también abordó la formación de suficientes asistentes para ampliar la cobertura. Estas medidas abrieron la siguiente etapa de aplicación tras la intervención judicial. [3][4]