Los requisitos abarcan a menores y adultos
El artículo 31 estableció condiciones de nacionalidad, residencia y discapacidad. Incluía discapacidades permanentes o enfermedades crónicas que requirieran cuidados o apoyo, dejando los detalles de evaluación al reglamento. El artículo 32 permitía acumular el pago con otras prestaciones y pensiones, salvo las de infancia y vejez, en cuyo caso se aplicaría la cuantía más alta. [1]
Los costes adicionales de la discapacidad entran en el debate
La OIT explicó que la prestación básica se diseñó con independencia del empleo o los ingresos. Majed Al-Farsi, del equipo técnico gubernamental Tawazun, señaló que ayudaría a las familias a «cubrir los costes adicionales asociados a la discapacidad» y compensaría parcialmente a quienes cuidan por el tiempo apartado del trabajo remunerado. [2]
Un nuevo fondo asume la responsabilidad
El Fondo de Protección Social anunció que los desembolsos comenzarían en enero de 2024. La reforma encargó a una misma institución administrar tanto las ayudas sociales como los seguros sociales. La OIT también describió un consejo de administración con representantes de trabajadores, empleadores y gobierno, que participarían en la supervisión del sistema. [3][2]