
Una coalición de 136 organizaciones ha pedido al Congreso que refuerce la protección de las personas con discapacidad que viven en la comunidad. Su carta del 10 de noviembre solicita que el proceso presupuestario federal de 2027 reafirme el mandato de integración de la ADA, la sentencia Olmstead y su aplicación continuada por las autoridades federales.
El National Down Syndrome Congress encabezó la iniciativa, que reúne a organizaciones que atienden a personas con síndrome de Down en 47 estados y Washington, D.C. La AAHD, una de las firmantes, publicó la carta el 12 de noviembre.
Apoyo a las decisiones cotidianas
La asistencia para las actividades diarias, el transporte y el empleo puede ayudar a las personas a permanecer en su hogar, trabajar y mantener sus relaciones. Los servicios de Medicaid en el hogar y la comunidad proporcionan ese apoyo.
Las organizaciones quieren que las personas con síndrome de Down participen en las decisiones que afectan a su vida. También piden continuidad en el apoyo a los adultos cuyos padres, al envejecer, ya no pueden prestar la misma asistencia.
Cinco organizaciones nacionales presentan un llamamiento conjunto
El 9 de noviembre, The Arc of the United States, el Bazelon Center for Mental Health Law, el Center for Public Representation, el National Health Law Program y VOR publicaron otra declaración conjunta. Las organizaciones reconocen sus anteriores diferencias sobre las políticas de discapacidad e identifican demandas comunes: revertir los recortes de Medicaid y proteger las decisiones de las personas sobre dónde vivir y recibir servicios.
Su declaración vincula el acceso al apoyo con la autodeterminación. Defiende decisiones informadas sobre la vivienda, los tratamientos y las actividades cotidianas, incluido el derecho a oponerse a destinos residenciales no deseados o que no respondan a las necesidades de la persona.
La coalición advierte que las reducciones de financiación de Medicaid pueden presionar los servicios de larga duración y limitar esas decisiones. Pide al Congreso y a la Administración que preserven los servicios y la participación comunitaria durante toda la vida.
Un debate sobre la aplicación federal
Los llamamientos de noviembre siguen a un cambio en la interpretación jurídica del Departamento de Justicia. Un dictamen de la Office of Legal Counsel, fechado el 18 de junio, sostiene que ni el título II de la ADA ni el artículo 504 de la Rehabilitation Act imponen un mandato de integración a los estados. También cuestiona la autoridad de los organismos federales para imponerlo. El dictamen se dirige al asesor jurídico del presidente y expone la posición del poder ejecutivo.
El dictamen reconoce la conclusión del Tribunal Supremo de 1999 según la cual el aislamiento injustificado en una institución puede constituir discriminación por discapacidad, aunque propone una lectura más restrictiva de la sentencia. La National Down Syndrome Society se ha opuesto a esa interpretación y ha advertido de que una menor aplicación federal podría debilitar el acceso a la vida en la comunidad.
La carta pide a los legisladores reforzar estas protecciones mediante el proceso presupuestario de 2027.
Fuentes y lecturas complementarias
- AAHD: Reaffirm ADA and Olmstead in Congressional Appropriations Legislation (2026-11-12)
- The Arc: A Time for Unity To Preserve Essential Protections and the Rights of People with Disabilities (2026-11-09)
- DOJ OLC: Application of the Rehabilitation Act and Americans with Disabilities Act to State Institutionalization of Patients with Severe Mental Illness or Disabilities (2026-06-18)
- National Down Syndrome Society: NDSS Statement on DOJ Olmstead (2026-06-23)
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