Diputados presentaron el recurso
Siete parlamentarios, entre ellos Pere López y Judith Salazar, promovieron el procedimiento constitucional. El tribunal anuló el artículo 77 y una disposición transitoria de la ley familiar de 2022 por vulnerar las garantías de igualdad, libertad religiosa y privacidad. Los jueces consideraron que certificados públicos diferentes podían revelar creencias religiosas y orientación sexual. [2]
Certificados matrimoniales sustituyen una denominación separada
La modificación reemplazó los términos cuestionados por matrimonio, manteniendo la referencia específica al matrimonio civil cuando resultaba necesaria. Las uniones civiles existentes quedaron sujetas a las normas matrimoniales, y el registro civil debía expedir certificados de matrimonio para ellas. [1]
Una reforma familiar más amplia
La ley familiar original había sido aprobada en julio de 2022. El Parlamento destacó entonces cambios en el reconocimiento legal del género y el nombre desde la mayoría de edad, la igualdad de derechos de las personas con discapacidad y el divorcio sin culpa. La sentencia y la modificación posteriores abordaron la discriminación dentro de esa reforma. [3][2][1]