Primero se estudia la situación social
El ministerio describe una secuencia en la que la evaluación social precede a la médica. Los trabajadores sociales examinan las circunstancias y necesidades de la persona en su domicilio y entorno social; después, el evaluador médico considera su salud y sus efectos funcionales. El resultado se utiliza para servicios sociales, contribuciones económicas relacionadas con la discapacidad y economía social. La reforma busca reducir evaluaciones incoherentes y coordinar procesos antes separados. Cambia la manera de determinar las necesidades, mientras cada prestación o servicio mantiene sus propios requisitos. [1][2]
Qué deben explicar las personas solicitantes
Las orientaciones prácticas del ministerio indican que la evaluación se solicita en la oficina de trabajo y asuntos sociales correspondiente a la residencia permanente. Incluye un cuestionario de autoevaluación destinado a incorporar la comprensión que tiene la propia persona de su situación. La evaluación se realiza sin considerar ingresos ni patrimonio. Las orientaciones recomiendan acordar previamente las visitas domiciliarias. Estos detalles importan porque, de lo contrario, la evaluación puede limitarse a describir diagnósticos médicos sin suficiente información sobre actividades cotidianas, barreras o apoyos utilizados realmente. [2]
Las primeras cifras procedían del ministerio
El 4 de noviembre de 2025, el ministerio comunicó que las oficinas habían emitido 1.635 evaluaciones integradas y realizado 6.800 visitas domiciliarias durante los dos primeros meses. También se refirió a las 547 solicitudes recibidas en la primera semana de septiembre. Las cifras forman parte del balance administrativo inicial, no de una evaluación independiente de las experiencias de las personas solicitantes. El ministro de Trabajo, Erik Tomáš, afirmó que la reforma estaba cumpliendo su objetivo de funcionar eficazmente para la ciudadanía. Emitir una evaluación, sin embargo, es un paso diferente de prestar el apoyo que identifica. [3][1]
Las orientaciones posteriores aclaran el procedimiento
Las preguntas y respuestas actualizadas del ministerio registran otro cambio desde el 1 de enero de 2026: el informe psicológico clínico dejó de ser un anexo obligatorio de la solicitud. También distinguen la evaluación de una solicitud separada de ayuda económica. La diferencia es especialmente relevante para quienes solicitan contribuciones para asistencia personal o cuidados. Una evaluación común puede reducir los exámenes repetidos de necesidades, pero siguen existiendo decisiones y acuerdos de servicios separados. La aportación concreta de la reforma es una vía común de evaluación; no garantiza por sí misma todos los servicios recomendados individualmente. [2]