Una campaña centrada en el acceso
La LUPD reactivó su campaña «Mi derecho» para las elecciones celebradas en mayo de 2025. Sus demandas inmediatas eran concretas: utilizar salas de la planta baja para votar y poner en funcionamiento los ascensores existentes. La organización ya había planteado estas cuestiones en elecciones anteriores; un intento de instalar carpas en los patios había resultado infructuoso. Antes de la votación de 2025, sus activistas se dirigieron a los ministerios competentes y trabajaron con alianzas de la sociedad civil y organizaciones de personas con discapacidad. La campaña consideraba a los votantes personas capaces de influir en las decisiones públicas y exigir sus derechos. [2]
Observadores y votantes aportaron las pruebas
El resumen de la campaña registra 103 observadores acreditados que visitaron 261 centros de votación seleccionados en 171 ciudades y localidades. Esos centros comprendían 2.231 salas de votación. El voluntariado recibió formación y utilizó un formulario sobre la accesibilidad de los recintos, las vulneraciones sufridas por los votantes y entrevistas con los propios votantes con discapacidad. Estas cifras describen el trabajo de observación de la campaña; no constituyen una evaluación nacional de accesibilidad. El método proporcionó a la organización problemas documentados para plantear a las autoridades, junto con las experiencias de las personas directamente afectadas. [2]
El apoyo electoral comprende varias responsabilidades
El PNUD sitúa la participación inclusiva dentro de su Proyecto de Asistencia Electoral y Apoyo al Parlamento Libanés, que abarca 2024–2027. El proyecto describe apoyo a la administración electoral, la observación, las reformas y el trabajo parlamentario. Entre sus objetivos declarados figura la participación de personas con discapacidad como votantes, candidatas y responsables de decisiones. Para las elecciones locales de 2025, el PNUD informa de herramientas de formación para el personal electoral, información al electorado y evaluaciones posteriores. Ese trabajo institucional aporta contexto al examen de la organización de personas con discapacidad, mientras que la responsabilidad de organizar las elecciones sigue correspondiendo a las autoridades públicas competentes. [3]
El acceso debe preservar la decisión del votante
El informe recomendó, entre otras medidas, mejorar la coordinación de las salas accesibles de votación en la planta baja, formar al personal y disponer de cabinas que preserven el secreto del voto. La nota de publicación del PNUD también identifica la falta de medidas de asistencia y la discriminación entre los obstáculos persistentes. Estos resultados explican por qué una entrada accesible no demuestra, por sí sola, que alguien haya votado con autonomía y dignidad. Los procedimientos de inscripción, la conducta del personal y la privacidad del voto importan conjuntamente. El informe de la LUPD recoge la experiencia electoral de 2025 y propone mejoras; no prueba que desde entonces se hayan aplicado en todas partes. [2][1]