Servicios más próximos a la vida cotidiana
La ley priorizó la atención primaria y los hospitales generales. Dispuso la conversión progresiva de hospitales psiquiátricos en centros ambulatorios u hospitales generales y prohibió construir nuevos hospitales exclusivamente psiquiátricos. El internamiento se planteó como voluntario y de último recurso, sin utilizarlo para resolver problemas de vivienda o familiares. [1]
La defensa de derechos insiste en elección y apoyo
Antes de la aprobación, Human Rights Watch pidió en su informe de febrero de 2022 al comité de discapacidad de la ONU garantías frente a tratamientos sin consentimiento y servicios comunitarios voluntarios. También reclamó consultar a las organizaciones de personas con discapacidad. El texto adoptado conservó una excepción de emergencia limitada cuando fuera necesario actuar inmediatamente y no pudiera expresarse consentimiento. [1]
La aplicación seguía en disputa
En julio de 2023, Human Rights Watch reconoció las nuevas protecciones, pero informó de que miles de personas con discapacidad psicosocial o consumo problemático de drogas permanecían de forma permanente en instituciones. Solicitó aplicar plenamente la reforma para que accedieran al apoyo necesario para vivir en sus comunidades. El reconocimiento legal y el acceso efectivo a servicios comunitarios eran avances distintos.