Procedimientos nacionales y normas estatales
La organización distinguía la función procesal del código nacional de las reglas estatales sobre contratos, testamentos y poderes. Carlos Ríos Espinosa, director asociado de derechos de las personas con discapacidad, pidió actuar con rapidez. La coalición defendía apoyos que respetaran la voluntad y las preferencias de cada persona, sin sustituir sus decisiones. [1]
La ONU identifica restricciones persistentes
En un informe publicado el 31 de marzo de 2026, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señalaba que la capacidad jurídica aún no estaba plenamente reconocida. Varios estados mantenían disposiciones restrictivas pese a la reforma de 2023. El comité también relacionaba la privación de capacidad jurídica con la institucionalización y la falta de apoyos comunitarios. [2]
México expone decisiones y reformas
En observaciones recibidas en marzo de 2026, México citaba jurisprudencia de la Suprema Corte y reformas de Ciudad de México que reconocían la toma de decisiones con apoyo. También admitía que otros estados mantenían disposiciones incompatibles en distintos grados. La reforma nacional no había eliminado todas las restricciones estatales. [3]