Las normas existentes siguieron vigentes
Una carta del 14 de julio a los titulares de certificados confirmó que las normas de la sección 14(c) permanecían sin cambios. El marco federal exige un certificado antes de pagar menos del salario mínimo federal a trabajadores con discapacidad que cumplan los requisitos. El departamento anunció que continuaría aplicando las normas y tramitando solicitudes bajo el sistema existente. [2][1]
Los autogestores habían apoyado una transición
Durante la consulta, Autistic Self Advocacy Network animó a apoyar el fin de los nuevos certificados y la eliminación gradual de las renovaciones. Su guía en lenguaje claro defendía que los empleadores dejaran de pagar salarios inferiores al mínimo dentro de los tres años posteriores a una norma definitiva. También invitaba a trabajadores con discapacidad a aportar sus experiencias.
El departamento alegó límites a su autoridad
En su informe posterior al Congreso, el departamento afirmó haber recibido más de 17.000 aportaciones, incluidas más de 11.000 observaciones distintas. Explicó que las dudas sobre su autoridad legal para dejar de emitir certificados contribuyeron a la retirada. Esa fue la posición jurídica del departamento al abandonar la propuesta. [4]