Organizaciones de personas con discapacidad en las decisiones
La declaración incorpora a las organizaciones representativas al diseño, la ejecución y la supervisión de la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria. Reclama participación efectiva, un entorno seguro para la sociedad civil y más recursos y alianzas para esas organizaciones. En el comunicado de cierre, el presidente de IDA, Nawaf Kabbara, destacó la importancia de que las organizaciones de personas con discapacidad intervengan donde se toman las decisiones de financiación. Se trata de influir en prioridades y recursos, además de asistir a un encuentro internacional. [2][1]
Quince por ciento de los programas, no del presupuesto
La nota técnica de diciembre de 2025 aclara el significado de la meta. Cuenta programas usando el concepto de actividad del sistema internacional de información sobre ayuda; no exige dedicar el 15 % del gasto a la discapacidad. La meta se evalúa desde la perspectiva del país receptor, considerando conjuntamente a los donantes, en lugar de aplicar un umbral separado a la cartera de cada uno. Pueden contabilizarse los programas en los que la inclusión de las personas con discapacidad sea un objetivo significativo o principal. Estas distinciones importan al comparar un compromiso público con las cifras comunicadas después. [3]
Una promesa más amplia que la meta numérica
La declaración también pide a quienes la respaldan que trabajen por la inclusión y la accesibilidad en todos sus programas de desarrollo internacional. La nota técnica aborda por separado esa aspiración más amplia y señala que la declaración no incluye un mecanismo específico para supervisarla. La inclusión humanitaria se trata mediante compromisos propios; la acción humanitaria queda fuera del cálculo del 15 %. Por tanto, la declaración reúne distintas responsabilidades y formas de seguimiento. Considerar intercambiables todos los programas relacionados con la discapacidad y todas las actividades humanitarias ocultaría lo que el acuerdo pide realmente a quienes lo apoyan. [2][3]
Del compromiso a las decisiones nacionales
La nota técnica indica que un servicio conjunto de apoyo comenzó a funcionar en septiembre de 2025. Reúne conocimientos de GIZ, UNICEF y el Fondo Mundial de las Naciones Unidas para la Discapacidad, mientras IDA dirige la colaboración con las organizaciones representativas y el fortalecimiento de sus capacidades. Su función es apoyar la aplicación y las capacidades nacionales. La declaración fomenta además mejores datos e informes sobre inclusión de las personas con discapacidad. Son instrumentos para alcanzar la meta, no pruebas de que ya se haya logrado. Para los activistas, la prueba práctica será si su participación continúa cuando se seleccionen, evalúen y revisen programas entre cumbres. [3][2]