Las disposiciones anuladas
Según el poder judicial, las disposiciones anuladas se referían a locales, a denunciar ante la policía presuntos actos entre personas del mismo sexo y a conductas sexuales que ocasionaran enfermedades terminales. La mayor parte de la ley continuó vigente. Human Rights Watch destacó que seguía permitiendo penas graves, incluida la pena de muerte en determinadas circunstancias. [1]
Los activistas exigen la derogación
La investigadora de Human Rights Watch Larissa Kojoué advirtió de que las disposiciones restantes agravarían el estigma y expondrían a las comunidades a la violencia. Tigere Chagutah, de Amnistía Internacional, pidió derogar toda la ley y exigir responsabilidades por las agresiones. Las organizaciones también alertaron sobre el amplio delito de promoción de la homosexualidad y sus efectos en la defensa de los derechos humanos. [4]
El acceso a los servicios sanitarios
La directora regional de ONUSIDA Anne Githuku-Shongwe afirmó que la criminalización obstaculizaba servicios vitales de salud y VIH. Reclamó «igualdad de acceso a los servicios de salud sin miedo». ONUSIDA había presentado un informe experto en el procedimiento, llevando ante el tribunal las consecuencias para la salud pública. [3][1]