Una disputa sobre una prestación concreta
So había sido registrado como dependiente en febrero de 2020. Después, el NHIS anuló el registro, lo calificó de error y le exigió cotizaciones en otra categoría de seguro. La pareja había celebrado una ceremonia de boda en 2019. El litigio administrativo trataba así una consecuencia concreta del trato diferente a su relación: si una persona podía estar cubierta como dependiente de su pareja. El relato de Amnistía Internacional recoge una primera derrota judicial en enero de 2022 y un recurso favorable ante el Tribunal Superior en febrero de 2023. [2][1]
La igualdad se aplica a la práctica administrativa
El resumen publicado por el Supremo explica que el principio constitucional de igualdad se aplica tanto a las prácticas administrativas establecidas como a las reglas formales. Consideró ilegal la actuación impugnada del NHIS, citando requisitos procedimentales e igualdad. Esto importa cuando una entidad ya concede una prestación a algunas parejas sin matrimonio legalmente registrado. La cuestión era justificar la exclusión de una relación comparable entre personas del mismo sexo. La sentencia trató la condición de dependiente en el seguro sanitario; no introdujo el matrimonio igualitario ni resolvió todas las áreas del derecho de familia. [1][3]
Las organizaciones defendieron el trato igualitario
Antes de la sentencia, Human Rights Watch presentó un escrito amicus curiae publicado el 17 de mayo de 2024. Argumentó que el acceso desigual a las prestaciones de dependientes vulneraba garantías de derechos humanos y dejaba a las parejas del mismo sexo en mayor precariedad. Amnistía Internacional también presentó en febrero de 2024 un escrito sobre igualdad y prestaciones sociales. Estas intervenciones aportaron argumentos ajenos a las partes litigantes. Sus demandas más amplias sobre reconocimiento de parejas deben leerse como posiciones de incidencia, junto a la cuestión jurídica más limitada resuelta por los jueces. [4]
La sentencia impulsó peticiones de reforma más amplia
El día del fallo, la investigadora de Amnistía Boram Jang celebró el resultado y reclamó matrimonio igualitario y una ley integral contra la discriminación. Situó así la victoria en materia de seguro dentro de una campaña más amplia por reconocimiento y protección. También destacó los años de litigio necesarios para obtener una prestación disponible para otras parejas. La decisión fechada marcó un límite importante a la administración discriminatoria del seguro. Matrimonio, herencia y otros derechos familiares siguieron siendo cuestiones distintas, que no pueden considerarse resueltas automáticamente por el fallo. [2][1]