El sistema va más allá de los litigios
El libro blanco de 2025 de la Oficina del Gabinete explica que pueden recibir indemnización las personas elegibles que no presentaron una demanda. Establece 15 millones de yenes para quienes sufrieron cirugía eugenésica y 5 millones para cónyuges que cumplan las condiciones. La ley también prevé otras categorías de pagos únicos. El Parlamento aprobó el texto por unanimidad el 8 de octubre de 2024 y se promulgó el 17 de octubre. Su entrada en vigor en enero abrió así una vía administrativa más allá de los litigios que contribuyeron a establecer la responsabilidad estatal. [2][1]
Llegar a las víctimas se convirtió en tarea inmediata
DPI Japón, organización de derechos de las personas con discapacidad, pidió a las autoridades nacionales y prefecturales que identificaran y contactaran a las personas afectadas mediante difusión, canales locales y puntos de consulta. También señaló que las organizaciones de discapacidad y los centros de vida independiente debían atender cuidadosamente las consultas y conectar a las personas con los servicios públicos correspondientes. Su comentario destacó el examen de los archivos disponibles protegiendo los datos personales. Reconoce así un problema práctico: la existencia de un derecho no garantiza que una persona elegible lo conozca o pueda completar la solicitud. [3]
La información y la ayuda para solicitar son parte del acceso
La web específica de la Agencia de la Infancia y la Familia ofrece materiales explicativos en varios formatos: una versión más sencilla, archivos braille y vídeos con lengua de signos y subtítulos. También describe apoyo gratuito de abogados para quienes quieran ayuda al presentar una solicitud. Son medidas concretas de acceso, no prueba de que todas las personas afectadas hayan cobrado. La Oficina del Gabinete registra que el primer ministro Shigeru Ishiba se reunió con los demandantes el día de la entrada en vigor y afirmó que el Gobierno trabajaría para que la nueva indemnización llegase a las víctimas. [1][2]
Los defensores también quieren examinar la historia
DPI Japón sostuvo que la indemnización debía acompañarse de un examen de por qué persistió la antigua ley y cómo el pensamiento eugenésico influyó en las políticas de discapacidad. Según la Oficina del Gabinete, la nueva legislación prevé investigar y estudiar medidas para evitar la repetición. Esto vincula reparación individual y responsabilidad pública por la discriminación. El dinero no devuelve las decisiones arrebatadas a las víctimas, pero la ley reconoce responsabilidad y ofrece una vía de indemnización. La petición de examen mantiene también sus experiencias y derechos dentro del debate sobre futuras políticas de discapacidad. [3][2]