Qué examinaron las organizaciones
El informe se centró en escuelas y aulas ordinarias, sin analizar la cuestión distinta de la sobrerrepresentación de la infancia romaní en la educación especial. Sus autores revisaron leyes, resoluciones judiciales y datos educativos oficiales. Describieron carencias de instalaciones y enseñanza en dos turnos en centros segregados, junto con resultados educativos desiguales. Estas conclusiones eran la valoración de las organizaciones sobre las pruebas examinadas. La distinción importa: mejorar un edificio escolar o ampliar sus plazas no demuestra, por sí solo, que los niños aprendan juntos en condiciones de igualdad. [1]
La presión jurídica tras las reformas
El 19 de abril de 2023, la Comisión Europea decidió llevar a Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia de la UE por no abordar eficazmente la segregación escolar. El procedimiento de infracción había comenzado en 2015. Era una decisión de presentar una demanda, no una sentencia. En otro proceso nacional promovido por la organización de derechos humanos Poradňa, el Tribunal Regional de Prešov confirmó el 22 de abril de 2024 una resolución relativa a niños romaníes de Malý Slivník escolarizados en Terňa. El caso trataba sobre decisiones discriminatorias de zonificación escolar y omisiones en la prevención de la segregación. [3][4]
Una orden necesita un camino para cumplirse
La sentencia de Terňa exigía a las autoridades responsables elaborar un plan correctivo en los seis meses siguientes a su firmeza y ejecutarlo en los dos años siguientes a esa misma fecha. El plan debía examinar las capacidades escolares y la composición étnica y social del alumnado, e incluir medidas eficaces y de prevención. Ese detalle conecta una resolución sobre igualdad con la organización práctica de la educación. La sentencia establece obligaciones; no demuestra que después se completara la desegregación. Los documentos revisados aquí no verifican el cumplimiento de esos plazos. [4]
Un proyecto piloto y la cuestión de la escala
El Ministerio de Educación anunció el proyecto Príležitosť pre všetkých, «Oportunidad para todos», el 23 de octubre de 2024, con un presupuesto de 6,9 millones de euros de financiación europea y 12 municipios que habían confirmado entonces su participación. Describió pruebas de soluciones locales de desegregación y apoyo al personal escolar. Amnesty y ERRC reconocieron la iniciativa, pero cuestionaron su alcance limitado y el camino de los proyectos piloto hacia un cambio nacional duradero. Su evaluación de 2025 es histórica, no una nueva inspección en 2026. Su mensaje práctico sigue claro: los fondos y las nuevas normas deben traducirse en cambios demostrables en la matrícula, la enseñanza y el acceso. [5][1]