Los ajustes deben formar parte de la protección
DPA pidió una definición amplia de discriminación que incluyera expresamente la denegación de ajustes razonables. Sus recomendaciones también abordaban la protección frente a represalias, procedimientos de reclamación accesibles y vías de reparación. La asociación quería que la legislación reflejara las barreras descritas por los propios trabajadores con discapacidad. [2]
La calidad del trabajo importa junto a las tasas de empleo
El informe examinó cómo medir un empleo justo y remunerador, cómo se promovía la contratación inclusiva y cómo otras políticas públicas afectaban a las oportunidades laborales. DPA invitó a personas y organizaciones a colaborar para impulsar estos cambios más allá de la aprobación de una sola ley. [1][2]
El Parlamento aprueba un proyecto en enero de 2025
El 8 de enero de 2025, el Parlamento aprobó el Workplace Fairness Bill. El Ministerio de Trabajo explicó que abarcaba decisiones discriminatorias de contratación, evaluación, formación, promoción y despido basadas en características protegidas, entre ellas la discapacidad y las condiciones de salud mental. También exigía procedimientos empresariales para gestionar reclamaciones. [3]